Ministro de Protección busca conciliación para pago de recobro al Fosyga

El gobierno adelanta de la mano de la Procuraduría General de la Nación un plan de conciliación con la Nueva EPS para el pago de recobros que fueron tramitados de manera extemporánea.

La propuesta de conciliación presentada por el Ministerio de la Protección Social, Mauricio Santa María, asciende a una suma aproximada a los 136.000 millones de pesos y busca dar una solución efectiva para inyectarle liquidez al sector de la salud y mejorar la calidad de la prestación de servicios a los usuarios.

Según la Procuraduría, con este plan de conciliación se contribuye a descongestionar los despachos judiciales, pues el término señalado en la normatividad para tramitar el recobro es de seis meses, por lo que, vencido el plazo, la cuenta tiene glosa de extemporaneidad y requiere de trámite judicial para su pago.

“Al hacer uso de la conciliación como una formula diligente de solución de conflictos que, de no utilizarse, obligaría a la Nueva EPS a formular más de 100.000 demandas por las demandas y reclamaciones”, explicó la Procuraduría.

Por el momento, el Plan de Conciliación de Minprotección se refiere a cuentas con única glosa de extemporaneidad previo el cumplimiento de los requisitos de auditoría médica, jurídica y financiera.

Se espera que en próximos días se haga la solicitud ante la Procuraduría Delegada para la Conciliación, de la primera fase del plan que asciende a la suma de 58.000 millones de pesos

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Ortodoncia

La Policía investiga por qué el artefacto, usado por el Esmad, estaba abandonado en la calle.

Seis estudiantes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras manipular una granada de aturdimiento de propiedad del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en el Colegio del barrio La Estancia, de Ciudad Bolívar, donde horas antes se produjo un enfrentamiento entre la Policía y algunos habitantes por el desalojo de una vivienda,

Según las versiones de la institución, los tres menores de edad encontraron el artefacto abandonado en el suelo, lo llevaron al centro educativo y allí empezaron a jugar hasta que se produjo su estallido. Los tres jóvenes fueron llevados al Hospital El Tunal: dos de ellos se recuperan, aunque el caso más grave es el de un alumno de 16 años que perdió una de las manos.

El general Francisco Patiño, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se solidarizó con las familias de los muchachos afectados y anunció una exhaustiva investigación para determinar por qué quedó una granada sin activar en el sitio en el que, horas antes, se presentó el enfrentamiento entre comunidad y autoridades.

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Ortodoncia

De absurda calificó el Vicepresidente orden de captura contra Naranjo

Corte ecuatoriana ordenó la detención de oficiales colombianos por el ataque a Sucumbíos.

"Es un absurdo esa decisión del Tribunal de Sucumbíos, pero el Gobierno Colombiano tiene que enfrentar esta situación desde el punto de vista diplomático y jurídico", dijo.

Y agregó que la acción contra 'Raúl Reyes' no fue una decisión personal de nuestros generales sino una decisión de Estado, y por lo tanto el Estado colombiano tiene la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos en la defensa de nuestros generales", dijo el Vicepresidente.

Orden de detención

Una corte ecuatoriana ordenó la detención de seis oficiales colombianos para que comparezcan a una audiencia por presunto asesinato, a raíz del ataque contra las Farc en Ecuador en 2008, aunque la medida no tiene alcance internacional, informó el jueves el tribunal.

Los acusados son el actual director de la Policía colombiana, generalOscar Naranjo, y los antiguos jefes de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; el Ejército, Mario Montoya; la Marina, Guillermo Barrera; y la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros, además del coronel Camilo Álvarez.

La Corte de Garantías Penales de la provincia amazónica de Sucumbíos dictó la medida luego de que los uniformados no acudieran a la audiencia de juzgamiento el pasado lunes en la localidad de Nueva Loja, dijo una fuente del tribunal a la agencia AFP.

"La audiencia fue el lunes, no se presentaron, entonces el juez dictó las órdenes de detención para asegurar la comparecencia de los seis generales", señaló el funcionario.

La medida sólo tiene alcance dentro del territorio ecuatoriano, por lo que no es posible tramitar un pedido de captura internacional.

"Es solo para que comparezcan a la audiencia. Si fuera orden de prisión se lo haría a través de Interpol o se podría hacer conocer a través de asistencia penal internacional a las autoridades colombianas, pero en este caso es imposible", explicó la fuente.

A fines de junio pasado la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos llamó a juicio a los seis oficiales bajo el cargo de asesinato, al tiempo que se abstuvo de acusar al presidente colombiano Juan Manuel Santos por ese caso.

Santos era ministro de Defensa en el momento de la incursión colombiana en la que murieron 25 personas, entre ellas el jefe guerrillero 'Raúl Reyes', número dos de las Farc, y un ecuatoriano.

La Corte determinó en esa ocasión que existían "presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y participación de los procesados en calidad de autores".

El gobierno de Colombia aseveró entonces que desestimaba "las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil", según la cancillería.

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Se retractó testigo que acusó a Sigifredo López de nexos con las Farc

Reynaldo Valencia, alias 'el Cabezón', había dicho que el político colaboraba con esa guerrilla.

Cuatro años después de señalar en un programa de televisión al ex diputado del Valle y hoy candidato a la alcaldía de Cali Sigifredo Lópezcomo supuesto colaborador de las Farc, el desmovilizado Reynaldo Valencia, alias 'el Cabezón', aseguró que todo lo que dijo fue un montaje.

Dio su nueva versión hace unas semanas ante Justicia y Paz, tras acogerse a los beneficios de pena alternativa. Él, que se entregó el 6 de mayo del 2007, aseguró que accedió a incriminar al ex diputado López por un ofrecimiento de asilo político en un país de Europa, que supuestamente le hizo el director de la Fundación Nueva Esperanza, Gustavo Muñoz.

"Me pasaron a recoger en una camioneta con vidrios oscuros y con unos policías escoltas de don Gustavo, que ya me tenía los tiquetes de avión y me dijo que iba para el programa La Noche (de RCN), y que yo tenía que decir que llevaba cinco días de desmovilizado, cuando en realidad llevaba más de un año", dijo 'el Cabezón'.

En ese programa de TV, aseguró que él estaba presente cuando alias 'el Grillo', el jefe guerrillero que tenía a su cargo la custodia de los 11 ex diputados secuestrados del Valle, dio la orden de matarlos y dejar vivo a López. Los 10 ex diputados fueron asesinados el 18 de mayo del 2007, cinco años después de su cinematográfico secuestro en Cali.

López, liberado en febrero del 2009 por la gestión de la ex senadora Piedad Córdoba, dijo que se salvó de morir junto con sus compañeros porque había sido separado del grupo como castigo, y que las Farc mataron a los secuestrados durante un enfrentamiento entre dos columnas guerrilleras.

El director de la Fundación Nueva Esperanza dice que 'el Cabezón' miente y que detrás de esa nueva versión "hay una estratagema política... que gira en torno a unas candidaturas a corporaciones públicas pro Farc".

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Abogados derecho laboral

María Mercedes Perry liquidará la Dirección de Estupefacientes

El Gobierno ya firmó el decreto que elimina esta cuestionada entidad.

El anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, quien ha tenido una agitada agenda mediática este viernes.

Santos dijo que María Mercedes Perry será la encargada de adelantar la liquidación de la entidad. De hecho, la llamó su "liquidadora estrella".

De hecho, Perry tiene experiencia en la liquidación de la cuestionada captadora ilegal de dinero DMG y en Proyectar Valores.

A renglón seguido, el mandatario aseguró que ya fue firmado el anunciado decreto para eliminar a la Dirección Nacional de Estupefacientes.

La entidad desaparece gracias a las facultades especiales que recibió el mandatario para reformar el Estado.

Pero en el trasfondo de la decisión también están los escándalos que vivió la Dirección de Estupefacientes, entre estos, la entrega irregular de bienes a personas cercanas a 14 congresistas, la mayoría de ellos conservadores.

Santos recordó que "los problemas que se han ido acumulando en esa entidad, están relacionados con corrupción e ineficiencia administrativa".

El primer mandatario agregó que una parte de las funciones que tenía la DNE pasarán al Ministerio de Justicia, mientras que la administración de los bienes quedará en poder de una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

"La liquidación propiamente dicha se va a trasladar a la previsora, que nombrará a nuestra liquidadora estrella, la doctora María Mercedes Perry", agregó Santos.

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